FRANCOTIRADOR...
Tras los hechos
ocurridos la semana pasada cuando una decena de jóvenes acusaron a elementos de
la Policía Estatal de golpes y robos y tras sendos comunicados emitidos por
parte de la alcaldía y la Secretaría de Seguridad Pública sobre este tema, al
ciudadano común como usted y yo nos queda la duda de quién nos cuida y cuál es
el área de competencia de las diferentes corporaciones que coexisten en
nuestros municipios.
En el arranque de todo
este Galimatías en que se ha convertido la Policía Estatal, Policía Michoacán,
Mando Único y Policía municipal el ciudadano tenía bien claro quién era cada
quien en este triste asunto de brindar seguridad.
Antes de todo eso la
cosa era clara, había una policía municipal cuyo director era designado por el
alcalde en turno y para efectos prácticos el primer comandante de las fuerzas
policiacas municipales era el presidente municipal quien asumía la
responsabilidad de las acciones positivas o negativas de la corporación.
El problema inició
cuando los alcaldes vieron en la nómina de la policía municipal una veta
inmensa para pagar favores políticos acomodando a su personal de confianza en
la lista de cobro y destinándolos a otras áreas.
Secretarios
particulares, secretarios “a”, “b” y prácticamente todo el abecedario cobraban
sueldos en la nómina de la policía municipal con ingresos infinitamente
superiores a los de los uniformados.
Pero, además, cada
partido en turno contrataba elementos de seguridad pública de acuerdo a sus
afinidades partidistas lo que finalmente daba como resultado que con cada nueva administración se tuvieran que dar
procesos de capacitación y adiestramiento con el consabido desgaste de
recursos.
Cuando a través de la
firma de los convenios de Mando Único se le quita a los alcaldes el control de
las fuerzas policiacas locales se les restó también una gran parte de los
activos que utilizaban para operar políticamente y la nómina en la que podían
acomodar a sus amigos sin embargo se les siguió dejando la carga financiera de
los gastos de operación de las policías municipales; en suma, los municipios
tienen que seguir pagando los sueldos de trabajadores municipales que no están
obligados a aceptar sus órdenes.
Ahora el ciudadano está
confundido porque, de entrada, no sabe distinguir cuáles elementos pertenecen a
las corporaciones locales y cuáles a la estatal pero quizá dentro de lo que
cabe ese es el menor de los problemas; el verdadero problema es que, con
cualquier uniforme, las fuerzas policiacas han propiciado que exista una
resistencia general a las figuras de poder y más cuando estas figuras saben
aplicar ese poder.
Evidentemente, al
margen de los grupos delincuenciales organizados, cada municipio sufre de un
grupo de caciques locales que hasta antes de esto del Mando Único imponían su
ley y en caso de ser sancionados bastaba con acudir al alcalde para que éste
reprimiera a los policías locales y les restara autoridad y quizá eso es lo que
algunos añoran.
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