Sahuayo.-Fueron
presentadas nuevas denuncias contra autoridades estatales por integrantes de la
Unión Democrática Campesina de Michoacán AC bajo los cargos de extorsión y
retención ilegal de vehículos.
Jesús González Ayala,
líder estatal de esta organización señaló en el último padrón realizado por
esta organización, en Michoacán circulan cerca de 800 mil unidades de
procedencia extranjera propiedad en su mayoría de productores agrícolas que las
utilizan como auxilio en labores del campo; recordó también que durante la legislatura anterior se
sometió una iniciativa por parte de la
fracción parlamentaria del PRD para la regularización de estas unidades lo que
equivaldría a una recaudación por este
concepto superior a los mil millones de pesos.
En lo que hace a la
Región Ciénega, señaló que son cerca de 30 mil las unidades de procedencia
extranjera las que circulan actualmente en los municipios de Jiquilpan,
Villamar, Sahuayo, Briseñas, Cojumatlán y otros, cuyos propietarios son
sometidos de manera rutinaria a extorsiones por parte de las corporaciones
policiacas del orden estatal mediante la implementación de retenes que resultan
ilegales.
“Ellos no están
autorizados para decomisar las unidades o detenerlas, no son policía fiscal ni
autoridades hacendarias y lo que hace es prácticamente extorsionar a los dueños
de estos vehículos; ya tenemos denuncias presentadas pero si es necesario nos
vamos a movilizar para que el Gobernador entienda la gravedad del asunto”.
La intención, dijo, es
brindar seguridad a los propietarios de estas unidades que, de manera
sistemática son acosados por las distintas fuerzas policiacas que operan en
esta región con actitudes que rayan incluso en la ilegalidad como la retención
de los propietarios hasta que las familias consiguieran el importe de las
multas que, en algunos casos eran hasta de 30 mil pesos pagaderos en efectivo y
sin recibo alguno.
En lo que hace al
padrón realizado por su organización, González Ayala reconoció que éste debe
actualizarse de manera constante ya que los flujos de migración en cada región
de la entidad regularmente incrementan el número de unidades.
Adelantó que un proceso
de regularización vehicular generado desde el orden gubernamental evitaría
también la operación de las franquicias de regularización que generalmente son
organizaciones temporales que se establecen en los municipios de la Ciénega con
el ofrecimiento de trámites de regularización que generalmente no prosperan y
van en detrimento de la economía de los productores agrícolas.
Destacó que ante la
crisis económica que atraviesa la entidad derivado de la pandemia por COVID-19
es necesario que el Ejecutivo Estatal analice seriamente la posibilidad de procurar
un decreto de legalización que permitiría allegarse recursos del orden de los
mil millones de pesos y evitar la
posibilidad de la movilización de estas organizaciones que demandan un freno a
las extorsiones generadas por las autoridades estatales: “Fuera de la Guardia
Nacional el Ejército y La Marina, todas las corporaciones están prácticamente extorsionando
a nuestros compañeros y no es poco lo que piden te piden de 30, 40 o 50 mil
para arriba”.
Finalmente destacó que
incluso el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha mostrado
su interés en el tema en algunas de sus entrevistas y ha señalado que es un
tema que debe ser atendido por la Secretaría de Economía.
