Jiquilpan.
El municipio de Jiquilpan ha señalado no
tener recursos económicos para dar mantenimiento al tramo carretero
Jiquilpan-Sahuayo, mismo que hace 10 años prácticamente se forzó a la alcaldía
a municipalizar como condicionante para el desarrollo de proyectos por parte de
la SCT.
Lo anterior luego de la gran cantidad de quejas
externadas por automovilistas que transitan de diario el tramo que conecta a
los dos municipios con mayor población de la Ciénega de Chapala.
Ante los cuestionamientos ciudadanos el alcalde de
Jiquilpan, Clemente Covarrubias reconoció que el municipio no tiene la
capacidad económica para dar mantenimiento a este tramo por lo que se inició el
proceso para reintegrarlo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Señaló que en la reunión sostenida con Florentino
Coalla, delegado en Michoacán de la SCT, se señaló que el trámite de devolución
realizado desde diciembre pasado por parte del municipio no ha sido aceptado
aún por la dependencia federal: “Ya nos mandaron una lista de todas las cosas
que falta para poder hacérselas llegar para que esta carretera se le dé
mantenimiento”.
Sobre este tramo carretero se señaló que hasta la
administración 2005-2007, era un tramo federal que correspondía a la carretera
Guadalajara-México hasta que el municipio de Jiquilpan solicitó su
municipalización debido a que estaba por aplicarse un recurso en la primera
etapa de ampliación a cuatro carriles de la Avenida Circunvalación Anastasio
Bustamante con la condición de que el municipio aceptara municipalizar el tramo
carretero Jiquilpan-Sahuayo.
Sobre este tema José René Signoret Sánchez, regidor
de la fracción del PAN durante la administración 2005-2007 agregó que a través
de la intendencia en Zamora de la SCT se les informó que para la aplicación de
los 8.4 millones de pesos a invertir en la primera etapa de ampliación a 4
carriles de la avenida Circunvalación gestionados por el entonces diputado
federal Miguel Amezcua Alejo era necesario que Jiquilpan aceptara el tramo de
la carretera federal.
“Prácticamente o aceptábamos o no iban a bajar el
dinero, prácticamente se nos forzó; a pesar de que el recurso ya estaba
autorizado y ya estaba publicado en la Gaceta Oficial ese recurso estaba
detenido y si no aceptábamos ese convenio no se iba a autorizar que se nos
entregara ese dinero”.
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