¿Límites Territoriales?

Fuente de la Aguadora en Jiquilpan (foto: Archivo JLCG)

FRANCOTIRADOR.

 Cierto o no, lo publicado en el sentido de la decisión del Congreso respecto a los límites entre Jiquilpan y Sahuayo sí hay cosas que deberán puntualizarse a la luz de los hechos pasado y los que vendrá.

Primero, para nadie es un secreto que esto se va a politizar de manera exponencial y que no faltarán políticos, de ambos municipios que pretendan hacer de esto una bandera y acarrear agua a sus molinos ya para enaltecerse o para denigrar a su contrincante político aunque, la verdad y revisando los archivos de las informaciones publicadas durante su momento, salta a la luz que si hubo alguien que se puso la camiseta de Jiquilpan fue la organización Mujeres Unidas por Jiquilpan quienes le plantaron cara al entonces diputado local José Eduardo Anaya Gómez, entonces presidente de la Comisión de Límites Territoriales y Fortalecimiento Municipal para exigirle que se retirara de la comisión debido al conflicto de intereses existente ya que era originario de uno de los municipios en disputa.

Y es que el tema de dar o quitar más de 1,500 hectáreas a un municipio no es cosa menor ni algo que pueda tomarse a la ligera como lo hizo la Comisión de Límites Territoriales y Fortalecimiento Municipal durante la legislatura anterior al nombrar como asesor de las mesas técnicas de análisis a Gabriel Montes, un hombre severamente cuestionado por investigadores del Colegio de Michoacán y el Consejo de la Crónica de Jiquilpan debido a su falta de rigurosidad en los conceptos históricos pero, sobre todo por haber sido designado de manera discrecional por parte del entonces presidente de esta comisión.

En un mundo ideal los límites, fronteras y territorios deberían tener menos importancia que el bien común o el desarrollo integral y conurbado pero esto no es un mundo ideal y, al menos para los jiquilpenses, era importante definir los límites para dar los siguientes pasos; pude llamarse cuestión de orgullo, puede llamarse capricho si usted lo desea pero esto es así.

En estas 1,500 hectáreas se asientan cerca de 10 colonias con miles de habitantes que pagan impuestos, que reciben servicios y que votan en Jiquilpan desde hace décadas; no había entonces una razón lógica para que el entonces INEGI las adjudicara a Sahuayo, dicen, con los recursos adicionales que esto conlleva.

El problema ahora es no solamente la restitución del territorio, que puede darse o no, el problema es que los propios jiquilpenses se han encargado de ensuciar el asunto, cierto, los políticos tienen gran parte de culpa de lo que ha ocurrido pero los ciudadanos han hecho su parte también al radicalizar posturas pero, sobre todo, ante la falta de una declaración oficial por parte de los municipios involucrados y del Congreso mismo.

Ante las agresiones verbales que se han vertido en las redes sociales, justo sería que ambos municipios confirmaran o desmintieran si existe este dictamen eso sería para apaciguar los ánimos entre los dos pueblos y evitaría que se politizara.